Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han puesto en marcha nuevas medidas para reducir las emisiones contaminantes. Según FENADISMER ello ha supuesto la expulsión de 8.000 furgonetas en la capital y el rechazo de los transportistas catalanes a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por “inasumible y poco realista”.

Con la entrada del nuevo año, las dos ciudades han comenzado a implementar nuevas políticas de reducción de emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire y ajustarse a las exigencias de la Unión Europea. La entrada en vigor de estas medidas está afectando a la actividad habitual de los transportistas, como señalan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER),

Madrid 360

Desde el 1 de enero, tras la entrada en vigor de la nueva regulación de acceso a Madrid 360, todos los vehículos de reparto y distribución de mercancías de menor tonelaje (hasta 3.5 t) tienen prohibido acceder al centro de Madrid. Según la Federación de Transporte, esto supone impedir que más de 8.000 furgonetas y pequeños camiones puedan continuar prestando sus servicios, en la mayoría pequeños transportistas autónomos, lo que afectará gravemente al suministro de mercancías de las más de 17.000 empresas y establecimientos situados en el interior de dicha área.

La restricción marcada por el ayuntamiento de Madrid contrasta con la política que aplica en este mismo ámbito el ayuntamiento de Barcelona. En la Zona de Bajas Emisiones establecida en dicho municipio se ha restringido el acceso exclusivamente a los vehículos privados sin distintivo ambiental, concediendo un período transitorio de un año para que las furgonetas y vehículos de reparto puedan adaptarse a la nueva regulación.

El colectivo de los autónomos del transporte considera que la nueva regulación aprobada en Madrid, lejos de contribuir a la reducción de la contaminación, en algunos casos consigue el efecto contrario. Uno de los aspectos “más preocupantes” es la exigencia para los vehículos de distribución de mercancías con categoría ambiental B de tener que acceder obligatoriamente antes de las 15 horas. Al no poder acceder después de ese horario, aunque sí permanecer dentro de forma ilimitada, “ello va originar una congestión artificial de furgonetas y camiones en el centro de Madrid durante el mediodía, teniendo en cuenta que dicha categoría de vehículos supone más del 55 por 100 de la flota de transporte de mercancías que opera en Madrid”, en concreto, casi 30.000 vehículos de reparto, según datos del ayuntamiento.

ZBE de Barcelona

El 1 de enero también ha entrado en vigor en la ciudad de Barcelona, y otros municipios limítrofes, la nueva Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE), con una extensión superior a los 95 km2. Desde entonces está restringida la circulación dentro de dicha área de turismos, motos y ciclomotores que no dispongan de distintivo ambiental, de lunes a viernes en horario de 7 a 20 horas. A partir de 2021, la ordenanza ampliará la prohibición de circulación dentro de la ZBE en el horario antes indicado a las furgonetas, camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta de la DGT.

La Asociación General de Transportistas de Cataluña (AGTC), denuncia que la aplicación de dicha restricción supondrá en la práctica expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en la ciudad, conforme a los datos que maneja el propio ayuntamiento de Barcelona y que constan en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza.

En la citada memoria de impacto se pone de relieve que el 56 por 100 de los vehículos ligeros y el 59 por 100 de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al transporte de mercancías carecen en la actualidad de distintivo medioambiental y en consecuencia no podrán circular por la ZBE a partir del 1 de enero de 2021. Ello supondrá la reconversión forzosa de más de un 50 por 100 del sector del transporte, en particular miles de vehículos de transporte deberán ser reemplazados por otros con etiqueta medioambiental en el improrrogable plazo de un año.